A partir del 1 de septiembre entra en vigor el R.D Reforma Sanitaria. Impacto de los recortes sanitarios sobre las personas víctimas de trata en situación irregular

•  El Proyecto ESPERANZA ha elaborado un documento en el que se analiza el impacto que tiene sobre la salud de las víctimas del delito esta experiencia traumática.
•  El Estado está obligado a garantizar el acceso integral al sistema nacional de salud a las víctimas de trata, con independencia de su situación administrativa, para garantizar su recuperación.
•  El Proyecto ESPERANZA se ha reunido los/las responsables de la Comunidad de Madrid y de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, ante la preocupación generada por la próxima entrada en vigor del Real Decreto-ley de Reforma de la Sanidad Pública.

Madrid, 17 de julio de 2012. Proyecto ESPERANZA Adoratrices ha sido recientemente testigo de la denegación de la tarjeta sanitaria a una de las mujeres acogidas en el recurso. Este hecho se produce como consecuencia de la reforma de la Sanidad Pública aprobada por el Consejo de Ministros a través del Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Las víctimas de trata que no dispongan de un permiso de residencia y trabajo quedarán, con la entrada en vigor del Real Decreto, el próximo 1 de septiembre, en una grave situación de vulnerabilidad, a no ser que en las próximas semanas se introduzcan modificaciones que reconozcan su situación excepcional.

Incidencia política para visibilizar la vulnerabilidad de las víctimas

El Proyecto ESPERANZA, perteneciente a la Red de Centros de Atención a Mujeres de la Comunidad de Madrid, se ha reunido recientemente con el Director General de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Antonio Alemany, con la Comisión Técnica de acciones sobre violencia de género de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y con la Delegada del  Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández.

Asimismo, se ha mantenido contacto con el Consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, y con la Directora General de la Mujer, Laura Galarreta, para intentar garantizar que las mujeres víctimas de Trata puedan continuar accediendo al sistema sanitario de forma gratuita, con independencia de su situación administrativa, partiendo de la base de que estas personas son víctimas de una grave violación de los derechos humanos.

Ante la preocupación que suscitan las nuevas medidas, desde el Proyecto ESPERANZA se ha elaborado un documento, Derecho a la Asistencia Sanitaria para Víctimas de la Trata de Personas, en el que se analiza el impacto que tiene sobre la salud de las víctimas del delito esta traumática experiencia y se fundamenta la responsabilidad que tiene el Estado de prevenir, proteger, reparar y compensar a quienes han sido víctimas de una violación de sus derechos humanos.

La legislación  internacional, nacional y autonómica vigente reconoce la vulnerabilidad de las personas víctimas de la Trata de Personas y establece en su normativa la necesidad de garantizar asistencia sanitaria, social y psicológica necesaria.

Marta González, coordinadora del Proyecto ESPERANZA, añade: “Este documento se ha elaborado con el objetivo de que el Estado reconozca, asuma y cumpla su obligación de facilitar el proceso de recuperación y restablecimiento físico, psicológico y social de las personas que han sufrido la trata,  para lo cual es indispensable que tengan acceso al sistema sanitario de forma gratuita”.

Tras 12 años de intervención con más de 630 mujeres víctimas de la trata, el Proyecto ESPERANZA ha podido constatar de primera mano las graves consecuencias que tiene este delito sobre la salud de las víctimas, entre las cuáles destacan:

Consecuencias en la Salud Física

•   Trastornos alimenticios y  del sueño.
•    Enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA.
•    Enfermedades infecciosas como la tuberculosis y la hepatitis tipo A y B
•    Embarazos no deseados y abortos forzosos
•    Esterilidad causada por infecciones crónicas de transmisión sexual no tratadas, o por abortos realizados deficientemente o sin medidas de seguridad.
•    Dolores crónicos de espalda, abdominales o estomacales.
•   Contusiones, cicatrices y otras señales de malos tratos físicos y tortura.
•    Problemas de abuso de sustancias o de adicción ya sea porque los traficantes las hayan coaccionado para que consuman drogas, o bien porque recurran al abuso de las mismas para aguantar su situación desesperada o escapar de ella mentalmente.

Consecuencia en la Salud Psicológica

•  Trastornos de estrés postraumático, de personalidad y/o disociativos.
•  Tristeza, miedo generalizado, ansiedad, recuerdos impulsivos, irritabilidad, vergüenza y baja autoestima.
•  Pensamientos recurrentes, depresión,  fobias, pérdida o lagunas de memoria.
•  Intentos autolíticos o de quitarse la vida.
• Falta o deterioro de las habilidades sociales.

Consecuencias en la Salud Social:

•  Aislamiento, desconfianza generalizada.
•  Sentimiento constante de indefensión y vulnerabilidad que dificulta el establecimiento de relaciones, vínculos y su proceso de inserción social y laboral.

Formación permanente. Eliminando prejuicios y falsos mitos sobre la población inmigrante en lo relativo a la salud

El equipo educativo y de gestión ha recibido recientemente una formación específica de manos del Doctor Pablo Rivas, médico internista y especialista en enfermedades tropicales y voluntario del Proyecto ESPERANZA, para prevenir y estar informados de posibles enfermedades a la hora de trabajar con población inmigrante y eliminar prejuicios y falsos mitos sobre este colectivo. Rivas añade:

“Esta es una medida que atenta contra los derechos humanos por razones éticas y sociales, pero también médicas. Las enfermedades no entienden de papeles ni etnias y por tanto, sin la adecuada atención primaria estamos aumentando el riesgo de contagios de enfermedades fácilmente curables y pudiendo generar mayores colapsos en las urgencias e ineficiencia del sistema. La salud es un bien público que debe ser entendido desde la prevención y el ámbito comunitario”.  (Pablo Rivas, Médico internista y especialista en enfermedades tropicales).
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