La Red pide a la Ministra la creación de un mecanismo integral para la identificación, asistencia y protección de las víctimas de trata
La creación del Foro contra la Trata cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno tras la Puesta en marcha en enero del Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos, en cuya elaboración la Red ha participado durante los dos años trabajo para su elaboración
Madrid, 14 julio 09. La Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), compuesta por 25 organizaciones que trabajan para la protección de las víctimas, se reunió hoy en el Ministerio de Igualdad con los Departamentos Ministeriales y Organizaciones sociales en lo que ha sido el primer encuentro de constitución del Foro Social contra la Trata.
Durante la reunión, y en relación al Plan, la Red compartió con la Secretaria General de Politicas de Igualdad su preocupación sobre la necesidad de establecer un protocolo para la identificación de víctimas que coordine a los diferentes actores presentes en el proceso. A este respecto, se instauró al Gobierno a incorporar a las organizaciones sociales en la elaboración y puesta en marcha de medidas de identificación de víctimas.
Otro de los temas abordados durante el Foro fueron las diferentes reformas legislativas que se están llevando a cabo y en qué medida afectarán a las víctimas de trata, así como el cumplimiento de las obligaciones que contrajo el Gobierno español tras ratificar el Convenio Europeo contra la Trata en abril de 2009 y que entrará en vigor el 1 de agosto.
En particular, representantes de la red consultó al Gobierno sobre qué ocurrirá a la finalización del período de reflexión de 30 días, contemplado en el Convenio Europeo como una de las medidas necesarias para con las víctimas de trata. Relacionando este punto con la Ley de Extranjería, la Red compartió su preocupación sobre el procedimiento a seguir en el caso de aquéllas víctimas que decidan no colaborar con las autoridades una vez finalizado el periodo de reflexión así como el trato a dar a aquéllas víctimas de trata que no estén en situación irregular.
“En la Ley de Extranjería se habla de cooperación con redes criminales organizadas, mientras que en el Convenio europeo se pide explícitamente que se trabaje con toda forma de trata, tanto por parte de redes criminales organizadas como por parte de individuos, demanera que las medidas contempladas en el lan alcancen también a estos casos de trata”, apuntó una de las prepresentantes de la Red. En esta línea, el Plan debe garantizar la recuperación física y emocional de las víctimas – cuyos derechos humanos fundamentales son violados a diario – y su adecuada protección legal en todos los casos.
En particular la Red señaló la importancia de coordinar las diferentes reformas legislativas que están teniendo lugar con el reciente Plan de lucha contra la trata. Este es el caso de la Ley de Asilo, en cuanto a cómo va a ser el procedimiento a seguir en este campo para con las víctimas de trata. Así también la preocupación por que la Ley de Testigos y Peritos favorezca el proceso de protección de las víctimas y posibles víctimas de trata.
Finalmente, desde la Red se planteó en el Foro la necesidad de centralizar los recursos de atención a la infancia víctima de trata así como de formación en la materia de los profesionales que a diario trabajan con menores y adolescentes víctimas de este fenómeno.
Por su parte, los representantes del Ministerio de Justicia así como del Ministerio del Igualdad instauraron a las organizaciones presentes en el Foro a hacer llegar sus sugerencias y peticiones a las autoridades pertinentes de manera que puedan ser tenidas en cuenta.
Desde los inicios de elaboración del Plan la Red viene haciendo hincapie ante el Gobierno español sobre la importancia de que el Plan aborde las necesidades de las miles de víctimas de trata en España, dando prioridad a la protección de sus Derechos Humanos así como la necesidad de que la sociedad civil tenga una participación real en la propia elaboración del Plan, para poder así hacer aportaciones que permitan que sea un instrumento efectivo de protección para las víctimas.
