Jornada ‘Víctimas de trata con fines de explotación en España: la legalidad en el cuarto oscuro’

Toda la información está en: http://trata.periodismohumano.com/2012/11/15/jornada-la-legalidad-en-el-cuarto-oscuro/

11.45 – 13.00: Mesa: UNA MIRADA AL FUTURO: PRIORIDADES EN LA LUCHA EN MATERIA DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN
•    Doña Carmen Quintanilla, Diputada, Presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados
•    Doña Elena Arce, Jefa del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo
•    Doña Marta González, Coordinadora de Proyecto Esperanza
•    DoñaViviana Waisman, Directora de Women’s Link
•    Doña Yolanda Román, Responsable de Advocacy y Campañas de Save the Children
Moderada por José María Prat, Patrono de la Fundación Abogacía Española.

La trata de seres humanos con fines de explotación constituye una grave vulneración de derechos humanos. Este fenómeno invisible y oculto hace que las personas víctimas de trata se encuentren en una situación de vulnerabilidad y esclavitud. Actualmente, España es uno de los principales países de tránsito y/o destino para las víctimas de trata.

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, principal instrumento internacional en la lucha contra la trata, que fue adoptado en el año 2.000, también conocido como Protocolo de Palermo, define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

La trata de mujeres con fines de explotación sexual es un fenómeno global y Naciones Unidas calcula que más de 4.000.000 de mujeres y niñas son incorporados a la prostitución cada año en todo el mundo. En el año 2006, los distintos países europeos identificaron a 7.300 víctimas, mientras que la cifra estimada de víctimas de trata con fines de explotación sexual en Europa ascendería a 140.000 aproximadamente.

España figura como uno de los 137 países de destino de personas víctimas de trata con fines de explotación sexual, según los informes de La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), siendo importante destacar que en dichos informes nuestro país no figura como país de tránsito. Sin embargo, en otros documentos España es considerada un país de tránsito de la trata con destino a otros Estados europeos o a otros países. Debido a la complejidad del fenómeno, es muy difícil conocer con exactitud las cifras y la realidad de esta grave violación de derechos humanos en España. El hecho de que no existan cifras fiables sobre el número de víctimas de trata hace que sea muy difícil dimensionar de manera real el problema. La clandestinidad e invisibilidad que rodean a la trata también dificultan la garantía de una protección real y efectiva a las víctimas.

La regulación legal de la trata
En el marco internacional, la firma del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, conocido como Protocolo de Palermo, supuso un gran avance en la lucha contra la trata. Dicho Protocolo entró en vigor en España en el año 2003, no obstante ello no supuso la introducción de normativa o regulación alguna en materia de trata. Posteriormente, en el ámbito europeo, el Consejo de Europa adoptó la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes. La falta de transposición e incorporación al derecho interno de la Directiva por España conllevó una condena por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2009, año en el que entró en vigor en nuestro país el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia en mayo de 2005.

Las obligaciones adoptadas por España como resultado de la vigencia de los mencionados instrumentos internacionales han impulsado el desarrollo de la regulación interna en materia de trata. Así, en el 2008 se adoptó el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, y en diciembre de 2009 se introduce el artículo 59 bis en la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, que regula, entre otros derechos, el periodo de restablecimiento y reflexión para las víctimas de la trata. Tras esto, en 2010 se tipificó por primera vez el delito de trata de forma autónoma e independiente de otros delitos en el artículo 177 bis del Código Penal, en el que el bien jurídico protegido es la libertad y la dignidad. El artículo condena todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o transnacionales, relacionadas o no con la delincuencia organizada, recogiendo expresamente que las penas previstas por este delito se impondrán con independencia de otros delitos efectivamente cometidos. Junto a esto, en el año 2011 se adopta el Protocolo Marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos por representantes de varios Ministerios.
Víctimas de trata con fines de explotación en España: la legalidad en el cuarto oscuro.

Tras los esfuerzos realizados en la última década para visibilizar y combatir la trata de personas, así como por desarrollar un marco legal en torno a este tema, es momento de evaluar la aplicación efectiva y el impacto de este nuevo marco legislativo en la realidad, reflexionar sobre los obstáculos que desde distintos organismos se detectan en la práctica, principalmente en el respeto y acceso de las víctimas a sus derechos, y detenerse a establecer cuáles son las prioridades que existen en materia de trata en la actualidad.
En este sentido, las organizaciones sociales y organismos internacionales que trabajan por la defensa de los derechos de las víctimas y supervivientes de la trata desde diferentes ámbitos (jurídico, psicosocial, asistencial, etc.) identifican importantes obstáculos en la implementación práctica de los derechos que se reconocen en la mencionada normativa. Además, el marco normativo español adolece de un enfoque de derechos humanos centrado en la protección de las víctimas, primando la persecución del delito y de los tratantes, por un lado, y la lucha contra la inmigración irregular, por otro. Muestra de ello es el hecho de que las dos únicas leyes que se han modificado para incorporar la normativa internacional han sido la Ley de Extranjería y el Código Penal.
Los nuevos retos que enfrenta el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del fenómeno, protección de las víctimas, persecución de los tratantes y reparación a las víctimas se concentran en: el abordaje de otras formas de trata diferentes a la explotación sexual; la compatibilidad efectiva entre el sistema de protección de la ley de extranjería y la protección internacional y subsidiaria; la adaptación del sistema para una mayor identificación y un mejor tratamiento de los y las menores víctimas; el mantenimiento de los recursos de atención a las víctimas en un contexto de recortes generalizados del gasto público; y la manera en la que se va a llevar a cabo la transposición a nuestro derecho interno de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas antes de abril de 2013.

En las presentes jornadas se realizarán aportaciones para estas reflexiones a través de dos mesas de trabajo. La jornada partirá de un acercamiento a la realidad de la trata en España enfocada sobre el debate en torno a la identificación y protección de las víctimas de trata con fines de explotación, contando con las perspectivas de distintos actores implicados y con trabajo directo con víctimas de trata. A continuación, una segunda mesa lanzará una mirada al futuro y abordará las prioridades que existen en la actualidad en materia de trata para el Estado español, debatiendo entre otras la aprobación de una ley integral sobre trata de personas que aborde todas las formas de trata con una perspectiva de derechos humanos y las obligaciones del Estado para el cumplimiento con la mencionada Directiva 2011/36/UE, cuyo plazo para ser transpuesta vence en abril del 2013.
La Jornada será inaugurada por el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española y de su Fundación, D. Carlos Carnicer, y la Defensora del Pueblo, Da Soledad Becerril.