La coordinadora de incidencia y sensibilización de Proyecto Esperanza fue una de las ponentes en el seminario virtual sobre el acceso a permisos de residencia para víctimas de trata organizado por la plataforma europea de ONGs La Strada International (LSI), que tuvo lugar el pasado 12 de marzo, y en el que participaron más de 90 personas, incluyendo parlamentarios europeos, y miembros de organizaciones de la sociedad civil europeas.

Este seminario sirvió para lanzar un nuevo informe de investigación llamado “Permisos de residencia, protección internacional y víctimas de la trata de personas” que evalúa el marco legal europeo en relación con las oportunidades de residencia y protección a largo plazo (incluido dentro del sistema de asilo y refugio) disponibles para las víctimas de trata de seres humanos, y su aplicación en seis países (Austria, España, Francia, Holanda, Moldavia y Serbia) identificando buenas prácticas, lagunas y barreras para el acceso efectivo a estos derechos. Este informe ha sido elaborado en el marco del proyecto REST (REsidency STatus: Strengthening the protection of trafficked persons) en el que Proyecto Esperanza participa.

A lo largo del seminario Marta González y Liliana Sorrentino (experta europea y miembro de la dirección de LSI) presentaron las principales conclusiones del informe.

Una de las principales preocupaciones expresadas se refiere a la práctica, en algunos países europeos, de vincular el acceso a los permisos de residencia a víctimas de trata en exclusiva a su cooperación con las autoridades policiales. Esta práctica no solo está en conflicto con el enfoque basado en los derechos humanos proclamado tanto en el derecho de los tratados de la Unión Europea como en el Consejo de Europa, sino que también contradice algunas de las disposiciones más importantes para la protección de las personas objeto de trata. La aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos exige desvincular la residencia de la cooperación y obliga a los Estados no sólo a otorgar a las víctimas de la trata el derecho a permanecer en el país de destino durante los procedimientos judiciales contra sus autores, sino también después, si la seguridad de la persona así lo requiere.

En este sentido, de conformidad con el art. 14 de la Convención contra la trata de personas del Consejo de Europa, los Estados deberían garantizar, tal y como se reconoce en la legislación española, que las víctimas de la trata puedan solicitar un permiso de residencia en base a su situación personal, sin presionarlas para que cooperen en la investigación y el enjuiciamiento de los tratantes, y que las solicitudes estén completamente desconectadas de las perspectivas investigación y enjuiciamiento.

Otra recomendación fundamental se refiere a la necesidad de reforzar la coherencia entre las medidas específicas de protección previstas para las víctimas de trata en el marco de la “Ley de Extranjería” y el sistema de asilo a nivel nacional. Esta falta de coherencia resulta en muchos países europeos en un número muy reducido de víctimas de trata identificadas en el proceso de asilo, y restringe el acceso a derechos por parte de las víctimas de trata. Resulta importante señalar que el procedimiento de cooperación entre las Fuerzas de Seguridad, la Oficina de Asilo y Refugio y las entidades especializadas en el aeropuerto de Madrid-Barajas fue resaltado como una buena práctica en el webminario.

Otra preocupación a la que se hizo referencia es la re-victimización que sufren las víctimas de trata en los procedimientos de retorno en el marco de Dublín III.

En el seminario también intervino la Dra. Venla Roth, Coordinadora Nacional sobre la Trata de Seres Humanos en Finlandia dentro del Ministerio de Justicia de este país. La Dra Roth se refirió a la situación en Finlandia, donde el permiso de residencia está desligado de la cooperación de las víctimas de trata con las autoridades policiales, y se refirió a la importancia del nexo entre residencia y recuperación de las víctimas de trata a largo plazo.

Recordamos que el día 22 de febrero de 2021 Proyecto Esperanza y SICAR cat, junto con otras organizaciones europeas especializadas en la atención integral a víctimas y supervivientes de trata de seres humanos integradas en la plataforma LSI dirigimos una carta a los parlamentarios europeos instándoles a que se comprometieran a implementar 10 recomendaciones para garantizar que las personas objeto de trata y de explotación puedan acceder a su derecho a un estatus legal y reciban la protección más adecuada para asegurar sus derechos y acceder a una solución duradera, ya sea otorgándoles protección internacional o residencia permanente en el país de destino, o bien asegurando su retorno voluntario y seguro si así lo desean, así como su reintegración.

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