España se somete a partir de este mes de septiembre a la tercera ronda de evaluación de la implementación del Convenio de Acción del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos (también conocido como Convenio de Varsovia).
Esta evaluación tiene lugar cada cuatro años por parte del Grupo de Expertos #contralatrata del Consejo de Europa. La primera ronda de evaluación, en 2013, sirvió para obtener una visión general de las políticas contra la trata puestas en marcha en España, mientras que la segunda ronda de evaluación, en 2017, examinó el impacto de la legislación, las políticas y medidas prácticas sobre la prevención, la protección de los derechos de las víctimas de la trata y el enjuiciamiento de los tratantes.
La tercera ronda pone el foco en el acceso a la justicia por parte de las víctimas de trata, y será una oportunidad para evaluar hasta qué punto las víctimas de la trata, en virtud de su condición de víctimas de violaciones de derechos humanos, pueden acceder a la justicia y a recursos efectivos tal y como se incluye en el Convenio de Varsovia, según el cual, se debe garantizar el acceso a la justicia y a recursos efectivos, teniendo en cuenta el género y la edad, a todas las víctimas de la trata sujetas a la jurisdicción de los Estados miembro, independientemente de su situación migratoria o presencia en el territorio nacional y sin perjuicio de su capacidad o voluntad de cooperar en cualquier investigación criminal.
La indemnización es un instrumento fundamental con fines reparativos, punitivos y preventivos
Precisamente, el acceso a la justicia y a una compensación efectiva como derechos fundamentales de las víctimas de trata, y las dificultades y obstáculos con los que se encuentran, así como recomendaciones de mejora dirigidas a actores clave, fue el foco del informe que publicamos en noviembre de 2019 en el marco del proyecto europeo #Justice At Last.
Un enfoque basado en los derechos humanos implica identificar a las víctimas del delito como titulares de derechos y fortalecer su capacidad para ejercerlos, e identificar en paralelo a los Estados como titulares de deberes hacia las víctimas. De esta forma, derechos y obligaciones son dos caras de la misma moneda añade Marta González, coordinadora de sensibilización de Proyecto ESPERANZA.
Según el calendario publicado en la propia web de GRETA, el gobierno español deberá enviar el cuestionario cumplimentado antes de enero de 2021. Siguiendo con el proceso de evaluación, está previsto que los miembros de GRETA visiten España entre los meses de Abril y Junio del año que viene.
