Año: 2019

Tipo: Incidencia política. Informes.

Documentación Justice at last. Compensación a víctimas de trata

Documento de Incidencia política y Policy- paper

El “Documento de Análisis e Incidencia Política -Policy Paper-“ ofrece 25 recomendaciones que contribuyen a una mejora en la práctica. Entre ellas destacan: el acceso a una denuncia en condiciones de seguridad y a información desde el primer contacto; el acceso a asistencia jurídica en todo el proceso y sin discriminación; el asegurar que la investigación financiera y patrimonial se inicie desde el principio, junto con la investigación penal, ya que esto es crucial para que el pago de las compensaciones se pueda hacer efectivo (obtención de pruebas y cálculo); y el fomento de la Cooperación (transfronteriza), la formación, la capacitación y la investigación.

Mientras existan barreras a la compensación, los gobiernos europeos no cumplen plenamente con sus obligaciones adquiridas. El derecho a la reparación incluye el derecho a interponer recursos y a obtener una reparación proporcional a la gravedad del daño sufrido. Existe una gran disparidad en la valoración del daño y en el cálculo de la indemnización. Por ejemplo, en Rumanía la corte penal reconoció 190.000€ en daños morales y materiales a una víctima de trata, mientras que en Austria la cuantía ascendió tan sólo a 800€. Los procedimientos judiciales son complejos, largos y de variable duración. Su extensión depende de múltiples factores relacionados con las circunstancias específicas del caso y la práctica legislativa y judicial del país. Por ejemplo, el caso más largo incluido en este análisis duró nueve años, la primera reclamación de compensación se presentó en 2009, se rechazó en 2013 y la última apelación se tramitó en 2018, después de lo cual el demandante retiró la reclamación. El caso más corto se trató dentro del plazo de un año.

Existen 10 obstáculos legales, procesales, financieros y prácticos que generan un cuello de botella para el acceso a la indemnización por parte de las víctimas entre los que destacan la ausencia de condiciones de seguridad y protección adecuadas para la interposición de denuncias, y una falta de información debida a la víctima. Además, no existen directrices armonizadas a nivel europeo para calcular los daños para las víctimas y los pagos de indemnizaciones compensatorias. Hay una ausencia de mecanismos y criterios claros para el cálculo de la indemnización, tanto para los daños materiales como para los daños morales. La falta de investigaciones financieras y la recuperación de activos son otras barreras para garantizar que haya fondos para pagar a la víctima, así como los obstáculos para el acceso a los fondos de compensación del Estado.

En aquellos casos en los que se ha condenado a pagar una indemnización existen múltiples barreras que impiden su cobro. Las víctimas rara vez tienen los medios para garantizar que se ejecute la orden de compensación.

Los tratantes trasladan sus activos al extranjero o se declaran en quiebra para eludir el pago de la indemnización. La falta en numerosas ocasiones de investigaciones financieras y patrimoniales desde el inicio de la investigación y la dificultad para la recuperación de los activos del delito impiden que haya fondos para pagar a la víctima

Marta González

Coordinadora de sensibilización

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