Compensación efectiva a víctimas de trata
Jornada de sensibilización 2019
El pasado 2 de abril organizamos la jornada: ‘Acceso a la justicia y a la compensación a víctimas de trata en perspectiva: evolución y desafíos actuales, 1999-2019” en el marco del proyecto europeo Justice at Last, financiado por el Programa de Justicia de la Unión Europea (2014-2020)[1] donde se ofrecieron claves para garantizar a las víctimas de la trata de seres humanos el acceso efectivo a la indemnización, el resarcimiento y la reparación.
La Inauguración y Bienvenida corrió a cargo de 5 personalidades del ámbito institucional y jurídico quienes compartían la importancia de poder ofrecer una reparación y un acceso a la indemnización a víctimas de trata. Participó Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación de la Comisión Europea en España, Ana Almarza, Directora del Proyecto Esperanza, Joaquín Sánchez- Covisa, Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, Miriam Benterrak, Subdirectora Adjunta de Coordinación Interinstitucional en VG Delegación del Gobierno para la Violencia de Género Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y Paula Gómez- Angulo, Directora General de la Mujer, Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
Ana Almarza, directora de Proyecto Esperanza Adoratrices aprovechó para presentar el nuevo logotipo que renueva su imagen tras 20 años de lucha contra la trata y de apoyo integral a más de 1.065 supervivientes de trata, así como para anunciar el lanzamiento de su nueva web a partir de junio.
La compensación a las víctimas es una herramienta crucial en la lucha contra la trata, que cumple una triple función: Restaurativa, ya que significa un reconocimiento y un apoyo a la recuperación psicosocial. Preventiva ya que a través de la confiscación de los beneficios del delito se evita que vuelvan a ser utilizados para nuevas actividades delictivas y se contribuye a la desarticulación de la estructura financiera y económica de las redes y también es Punitiva ya que representa una sanción económica de los tratantes, para cumplir con su responsabilidad civil frente a las víctimas.
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