Buenas prácticas sobre intervención policial en el ámbito de la discapacidad: Resolución de casos
Asociación a favor de las personas con discapacidad de la Policía Nacional
La guía de AMIFP recopila una serie de casos prácticos, que pueden guiar la toma de decisiones en la intervención policial. Aunque no es de obligado cumplimiento, recoge distintas pautas y directrices esenciales para la labor profesional del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En estos casos prácticos, nuestros expertos han incluido, en sus colaboraciones, claves para facilitar la comunicación y asesoramiento a personas con discapacidad. Cada uno de estos casos, precedido de una parte teórica, refleja situaciones cotidianas en las que personas con discapacidad necesitan tanto una intervención policial y jurídica adecuada, como el conocimiento de sus derechos y de la amplia posibilidad de factores a los que pueden estar expuestos, si se ven involucrados en cualquier proceso policial o jurídico.
Cada uno de los expertos y asociaciones que han colaborado, lo han hecho con total libertad e independencia, haciendo que este análisis sea, tanto en estilo como en el desarrollo de cada uno de los casos, de una diversidad semejante a la variedad de problemas a los que se pueden enfrentar las personas con discapacidad y a la pluralidad con la que nos encontramos cuando hablamos de discapacidad.
Documentar la variabilidad de posibles casos, analizar sus causas y adoptar estrategias orientadas a paliar los problemas de personas con discapacidad, han demostrado ser iniciativas que fomentan la toma de decisiones efectivas y seguras, centradas en las personas con discapacidad y en la defensa de sus derechos, por parte de todos los profesionales implicados.
Una historia de superación y coraje
Esther tenía 21 años y vivía en el sur de Nigeria en una situación económica muy precaria con su hija de 3 años. A través de un conocido suyo unas personas le ofrecieron ayuda, en teoría desinteresadamente, y una oportunidad de trabajo en Europa como empleada de hogar para un matrimonio. Esther aceptó pensando que iba a mejorar su situación y que así le podría ofrecer a su hija un futuro mejor.
Estas personas organizaron el viaje y la documentación necesaria para el traslado a España de Esther y su hija. Una vez aquí, le informaron de que había adquirido una deuda con ellos y que tenía que devolverla ejerciendo la prostitución. Esther se dio cuenta de que la habían engañado. Los tratantes además la coaccionaron y amenazaron con que si no cumplía con lo que le indicaban y no saldaba la deuda su hija sufriría las consecuencias. Esther se encontró en un país desconocido, sin hablar el idioma, y sin conocer a nadie que pudiera ayudarla.
Desconocía además que en nuestro país estaba amparada por la ley como víctima de trata y
que tenía derechos y podía obtener protección.
Tras permanecer casi un año en situación de trata para explotación sexual, Esther se atrevió un día a pedir ayuda a la policía. Contó su situación y fue trasladada a la comisaría para ser atendida por la Brigada Provincial de Trata de Seres Humanos de Madrid. La policía contactó con el Proyecto Esperanza como entidad especializada para valorar las necesidades de la mujer y de su hija y para poder ofrecerle apoyo. Esther fue identificada como víctima de trata y decidió además denunciar a los tratantes. Gracias a su denuncia varias mujeres fueron liberadas y los tratantes fueron detenidos. Esther accedió a un permiso de residencia y trabajo como víctima de trata.
Ella y su hija recibieron apoyo integral por parte de Proyecto Esperanza, en concreto apoyo social, jurídico, psicológico, médico, educativo y formación y orientación para su integración social. Durante la intervención con Esther las profesionales del proyecto detectaron que tenía problemas cognitivos y conductuales que podían ser compatibles con una situación de discapacidad intelectual. Se derivó el caso a la Fundación A la Par para realizar una la valoración especializada sobre su posible discapacidad. Tras realizar los test y pruebas oportunas se confirmó que Esther tenía discapacidad intelectual. La Comunidad de Madrid le reconoció un grado de discapacidad de un 65%.
Varios años después de la denuncia formulada por Esther el tribunal dictó sentencia condenatoria contra los tratantes.
Reflexión y valoración de la colaboración entre entidades especializadas y las autoridades policiales.
- Ante la mera sospecha de poder estar ante una situación de trata, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contactaron con una organización especializada en la atención integral a mujeres víctimas de trata.
- La organización especializada proporcionó a Esther un lugar seguro en el que poder recuperarse de la experiencia de más de un año de trata a la que había sido sometida, y le permitió comenzar un proceso de recuperación integral a través del cual pudo retomar el control sobre su propia vida.
- La asistencia integral que recibió Esther incluyó asistencia jurídica. El hecho de sentirse segura y acompañada ayudó a Esther a llevar a cabo acciones contra sus tratantes (denuncia) y a colaborar con la justicia y se le ofreció además apoyo para poder ejercer de forma efectiva a su regularización administrativa y a derechos sociales